Ciudad de Guatemala, 19 ene. (AGN). – Este domingo el presidente Bernardo Arévalo, en cadena nacional, declaró estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días derivado de las acciones delincuenciales que se desarrollaron este fin de semana en centros penitenciarios y contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El estado de sitio se establece por medio del decreto número 1-2026, del presidente de la República, el cual se publicó este lunes en el Diario de Centro América (diario oficial).

El Gobierno detalló lo que implica este estado de sitio, el cual protege a la población manteniendo el control de la seguridad en el país sin afectar su vida cotidiana;

La aplicación del estado de sitio se restringe a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población. 

Es decir, que durante el estado de sitio la población continúa con su vida cotidiana normal, se trabaja, se estudia, hay comercios y servicios con normalidad. Tendrá una duración de 30 días y entra en vigor de manera inmediata.

Qué implica el estado de sitio

Las medidas autorizadas durante el estado de sitio, en los casos estrictamente necesarios, las autoridades podrán implementar las siguientes medidas:

Las instituciones públicas y privadas, siguen funcionando con normalidad, hay libre circulación de vehículos y personas.

Además, no se suspenden procesos políticos o judiciales, y las clases continuarán con normalidad a partir del martes, mañana lunes es una suspensión preventiva por disposición del Ministerio de Educación.

En conclusión, las acciones de este estado de sitio están dirigidas únicamente contra las estructuras criminales como maras, pandillas o grupos que buscan generar violencia o miedo a la ciudadanía.

Qué es el estado de sitio

El estado de sitio en Guatemala es una medida excepcional que permite al Gobierno utilizar toda la fuerza del Estado para combatir la criminalidad organizada, maras y pandillas que buscan aterrorizar a la población.

Esta medida no altera la vida cotidiana de los ciudadanos, el funcionamiento de instituciones públicas y privadas, ni procesos políticos como la renovación de autoridades judiciales.

El estado de sitio se aplica en situaciones extraordinarias que superan la capacidad de control de las fuerzas de seguridad en condiciones normales.

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