Aquí te explicamos qué es la ley antilavado

Ciudad de Guatemala, 3 jun. (AGN).- El Organismo Ejecutivo presentó la iniciativa de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Iniciativa 6593), en julio del 2025, la cual fue aprobada con 147 votos a favor por el Congreso de la República el pasado martes 2 de junio.

Dicha ley incluye la modernización de los procedimientos con estándares internacionales e impulsa la prevención de este delito en el país. Además incluye herramientas conforme los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Qué incluye la ley

Acá se detallan algunos de los temas incluidos en la ley antilavado de Guatemala:

La normativa aprobada implementa estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Amplía el catálogo de sujetos obligados para incluir actividades de alto riesgo como compraventa de vehículos, inmuebles, loterías y el uso de criptomonedas.
La ley establece que su propósito es combatir estructuras criminales vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.
Abogados, auditores y economistas ahora deben reportar información de clientes para evitar el uso de testaferros, y deberán cumplir determinadas obligaciones manteniendo la protección del secreto profesional.
Las entidades sujetas a control deberán resguardar documentación relacionada con clientes y operaciones durante varios años.
Toda persona que ingrese o salga del país transportando efectivo o documentos negociables por montos iguales o superiores a 10 mil dólares estadounidenses o su equivalente en quetzales tiene la obligación legal de declararlo ante las autoridades.
La autoridad encargada en el país para supervisar la ejecución de esta ley es la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual centraliza los reportes de transacciones sospechosas en Guatemala.
Las penas de prisión para quienes reciban condena por lavado de dinero son severas y pueden incrementarse cuando los involucrados sean funcionarios públicos.
También se establecen sanciones económicas importantes para empresas utilizadas como instrumento para cometer estos delitos.
Las instituciones financieras deberán verificar constantemente sus registros con listas internacionales de sanciones. Si se detectan coincidencias con personas o entidades con vínculos con el terrorismo, los fondos podrán inmovilizarse de forma preventiva y las autoridades deberán recibir notificación inmediata.
Aumenta la regulación para las personas expuestas políticamente (PEP), los funcionarios se mantendrán sujetos a los controles, durante el ejercicio de su cargo y el año posterior.
Se suma el control a los parientes en primer grado de consanguinidad o afinidad, cónyuges o convivientes y con los que tiene o ha tenido relación de negocios habitual.
Se castiga el delito de lavado de dinero con entre 6 y 20 años de prisión o una multa equivalente al beneficio económico obtenido.
La identificación de los beneficiarios finales reducirá los espacios para la evasión, la corrupción y las estructuras opacas.
Por primera vez, la legislación incorpora la figura de los proveedores de servicios de activos virtuales.

Guatemala se suma a 200 países

Dicha ley no tiene por objeto atacar o reprimir la economía informal, criminalizar el uso de dinero en efectivo o utilizarse para objetivos tributarios.

La nueva normativa responde a las 40 recomendaciones del GAFI y otras convenciones internacionales. Asimismo, en febrero del 2027 el país tendrá una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Más de 200 países y jurisdicciones aceptan estos estándares, es decir es un nivel de aceptación que se establece por sobre el número total de la membrecía de las Naciones Unidas.

Además, cuenta con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final son personas expuestas políticamente.

También se busca determinar y evaluar los riesgos que pudieran surgir del desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, así como el uso de nuevas tecnologías.

Estas obligaciones también se extienden a sectores profesionales como abogados y notarios, agentes inmobiliarios, casinos, comerciantes de metales preciosos y otros que pueden utilizarse para ocultar dinero ilícito.