Guatemala, 1 dic (AGN).-  Autoridades de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) llevaron a cabo la cuarta reunión de la Comisión de Descentralización y Fortalecimiento del Sistema de Consejos de Desarrollo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).

La actividad se implementó con el fin de presentar los avances del trabajo realizado este año, así como las propuestas de la agenda estratégica para 2022.

La SCEP, a través de la subsecretaría para la Descentralización y la Dirección General para la Descentralización, presentó el plan de trabajo y las acciones interinstitucionales necesarias para generar las bases para la descentralización de los servicios. Entre las entidades que contribuyen con el trabajo realizado está el Instituto Nacional de Administración Pública.

La Ley General de Descentralización tiene 20 años, y como país nunca se había avanzado en su implementación. Actualmente, estamos trabajando con una metodología planificada, gradual y continua, refirió el secretario de SCEP, Álvaro Díaz Velásquez.

Avances y resultados del 2021

En la reunión, autoridades de Conadur hablaron sobre los avances de este año, entre los que mencionaron:

Propuestas de la agenda estratégica 2022

Para el ejercicio 2022, Conadur tiene contemplado continuar fortaleciendo las acciones en materia de descentralización y desconcentración, tanto con los entes ejecutores (municipalidades) como con los entes rectores (ministerios). Entre las proyecciones que han determinado están las siguientes:

La comisión de trabajo está integrada por autoridades de SCEP, SEGEPLAN y Ministerio de Finanzas Públicas, así como por alcaldes municipales en representación de las ocho regiones del país, los coordinadores de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural y representantes de sociedad civil ante el Conadur.

La descentralización forma parte de las 50 metas de la Política General de Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, que plantea la implementación de la estrategia para el 2023, con el objetivo de reducir la corrupción y la burocracia en las instituciones públicas.

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